Un estudio de CODESS y la Universidad Externado advierte que crecer económicamente no garantiza empleo formal. La investigación plantea que Colombia necesita políticas laborales con enfoque territorial, capaces de conectar desarrollo productivo, seguridad social, infraestructura y cuidado.
Colombia tiene un problema laboral que ya no puede leerse solo desde las grandes capitales. Mientras las ciudades intermedias ganan peso en la economía regional, atraen inversión, dinamizan vivienda, comercio, servicios y agroindustria, muchas de ellas siguen enfrentando una barrera estructural: el crecimiento económico no necesariamente se está traduciendo en empleo formal ni en mayor protección social.
Esa es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, CODESS, y la Universidad Externado de Colombia, que analizó el comportamiento del mercado laboral en ciudades intermedias y sus zonas de influencia. La investigación deja una advertencia de fondo para empresarios, gobiernos locales y tomadores de decisión: la informalidad laboral puede expandirse territorialmente, mientras que la formalización no se transmite con la misma facilidad.
En otras palabras, la informalidad sí tiene un efecto de contagio entre municipios y regiones. La formalización, en cambio, requiere condiciones institucionales, productivas y de conectividad mucho más sólidas para generar impactos más allá de los centros urbanos principales.
El hallazgo es especialmente relevante en un país que ha apostado por las ciudades intermedias como motores de desarrollo. Municipios con mayor actividad económica, mejor infraestructura, más inversión privada o mayor dinamismo inmobiliario no necesariamente logran consolidar mercados laborales formales. El caso de Rionegro, en Antioquia, es una señal clara: pese a ser una de las economías más dinámicas del país, la informalidad laboral aumentó 7,24 puntos porcentuales entre 2018 y 2024, según el estudio.
La conclusión es contundente: crecer no basta.
El nuevo mapa del riesgo laboral
Durante años, la informalidad fue entendida como un problema asociado principalmente a baja productividad, microempresas, ruralidad o actividades de subsistencia. Sin embargo, el estudio plantea una lectura más compleja: la informalidad también se mueve por corredores económicos, zonas de influencia y sistemas urbanos que comparten mercados, transporte, dinámicas empresariales y oferta de trabajo.
Esto implica que una ciudad intermedia puede crecer, atraer empresas y aumentar su actividad económica, pero si su entorno territorial mantiene altos niveles de informalidad, baja cobertura de seguridad social o poca articulación institucional, el mercado laboral formal no se consolida de manera automática.
Para el sector empresarial, este punto tiene implicaciones directas. La informalidad no solo afecta al trabajador. También golpea la productividad, reduce la base de cotizantes, limita el acceso al crédito, debilita la competencia formal, restringe el consumo de los hogares y aumenta la fragilidad de los mercados regionales.
Un territorio con alta informalidad puede crecer en ventas, movimiento comercial o construcción, pero conservar una estructura laboral vulnerable. Eso significa menor estabilidad de ingresos, menor protección frente a riesgos laborales, baja capacidad de ahorro pensional y menor resiliencia frente a choques económicos.
Bogotá y la Sabana: la excepción que confirma la regla
El estudio encontró una excepción relevante: el sistema integrado entre Bogotá y municipios de la Sabana como Chía, Zipaquirá y Facatativá presenta un efecto positivo de transmisión de la formalización laboral.
Esta diferencia estaría asociada a una mayor articulación institucional, mejor conectividad y mayor capacidad de gestión pública. Es decir, la formalización sí puede expandirse territorialmente, pero no ocurre por inercia económica. Requiere integración funcional entre municipios, políticas coordinadas, infraestructura, tejido empresarial formal y capacidad institucional para conectar oferta y demanda laboral.
Este punto es clave para entender el futuro de las ciudades intermedias. No se trata únicamente de atraer inversión o promover crecimiento económico local. El reto es construir ecosistemas laborales formales que conecten empresas, trabajadores, sistemas de transporte, seguridad social, educación para el trabajo y servicios de cuidado.
En ese sentido, la formalización debe dejar de verse como una meta aislada del Ministerio de Trabajo o de las autoridades laborales. Es una política de desarrollo económico.
Formalizado no siempre significa protegido
Otro hallazgo crítico del estudio es que estar formalizado no siempre equivale a estar plenamente protegido. Aunque aumentan los registros de afiliación, la cobertura efectiva de seguridad social en las ciudades intermedias permanece cercana al 74%.
Esto significa que la formalización contractual no siempre se traduce en acceso integral a pensiones, riesgos laborales y otros mecanismos de protección. Para el país, esta diferencia es fundamental: no basta con que un trabajador aparezca registrado; la pregunta de fondo es si realmente cuenta con protección suficiente para enfrentar enfermedad, vejez, accidentes laborales o pérdida de ingresos.
Desde una perspectiva económica, esta brecha también tiene consecuencias. Un sistema de seguridad social con cobertura parcial genera hogares más vulnerables, menor estabilidad financiera, mayor presión futura sobre el gasto público y una fuerza laboral menos protegida frente a los ciclos económicos.
Por eso, el debate sobre formalización no puede limitarse a la existencia de contratos o afiliaciones. Debe avanzar hacia una medición más exigente: cuántos trabajadores tienen acceso real, continuo y suficiente a los mecanismos de protección social.
La brecha rural y de género
La investigación también advierte sobre una desigualdad profunda en las zonas rurales. Allí, la brecha de informalidad entre hombres y mujeres supera los 22 puntos porcentuales, impulsada por cargas de cuidado no remunerado y mayores limitaciones para acceder a mecanismos de protección social.
Este punto conecta la discusión laboral con una agenda más amplia de productividad y equidad. Si las mujeres rurales enfrentan más barreras para acceder al empleo formal, a la seguridad social y a ingresos estables, el país está desaprovechando una parte importante de su capacidad productiva.
Además, la carga de cuidado no remunerado tiene un efecto económico concreto: reduce tiempo disponible para trabajar, limita la movilidad, dificulta la capacitación y restringe la posibilidad de participar en empleos formales. En territorios donde hay menor oferta de servicios de cuidado, transporte o conectividad, esta brecha se profundiza.
Por eso, una política de formalización laboral en ciudades intermedias y zonas rurales no puede separarse de la agenda de cuidado. Formalizar también implica crear condiciones para que más personas puedan ingresar, permanecer y progresar en el mercado laboral.
El desafío para empresas y gobiernos locales
El mensaje del estudio es claro: Colombia no puede enfrentar la informalidad con una receta única. Las ciudades intermedias y sus zonas de influencia tienen estructuras económicas distintas, niveles diferentes de conectividad, capacidades institucionales desiguales y mercados laborales con características propias.
Para algunas regiones, el reto estará en conectar mejor a los trabajadores con empresas formales. Para otras, en fortalecer la inspección laboral, reducir barreras de formalización para unidades productivas pequeñas, mejorar la infraestructura o ampliar servicios de cuidado. En zonas con mayor actividad agroindustrial o turística, las soluciones deberán reconocer la estacionalidad y las formas reales de contratación.
Para los empresarios, la formalización también debe leerse como una apuesta de competitividad. Empresas que operan en territorios con mercados laborales más formales tienen mejores condiciones para atraer talento, reducir rotación, elevar productividad, acceder a financiamiento, construir cadenas de valor más confiables y competir en mejores condiciones.
Para los gobiernos locales, el reto consiste en dejar de medir el éxito solo por crecimiento económico, inversión o nuevas empresas. El verdadero indicador de desarrollo será la capacidad de convertir esa actividad en empleo formal, protección social y movilidad económica para los trabajadores.
Una política laboral con mirada territorial
CODESS y la Universidad Externado concluyen que las políticas de formalización laboral deben diseñarse con enfoque territorial. Esto implica diferenciar las necesidades de cada región y articular estrategias de empleo, seguridad social, desarrollo productivo, infraestructura y cuidado.
La advertencia llega en un momento en el que Colombia necesita elevar su productividad, ampliar la base de cotizantes y fortalecer la protección social sin frenar la dinámica empresarial. Para lograrlo, la formalización no puede ser vista únicamente como un trámite, una obligación legal o una meta estadística. Debe convertirse en una estrategia de desarrollo regional.
El gran riesgo es que las ciudades intermedias crezcan sin formalizar. Que atraigan inversión, construyan vivienda, expandan comercio y aumenten actividad económica, pero mantengan mercados laborales frágiles, con trabajadores poco protegidos y empresas compitiendo en condiciones desiguales.
El gran desafío, en cambio, es convertir ese dinamismo regional en empleo de calidad.
La investigación deja una conclusión de alto impacto para el país: si la informalidad se contagia, la formalización debe diseñarse para expandirse. Y para lograrlo, Colombia necesita políticas menos generales, más territoriales y mejor conectadas con la realidad productiva de cada región.
