El sistema de salud en Colombia atraviesa una crisis estructural que pone en entredicho la viabilidad del modelo instaurado por la Ley 100 de 1993. Actualmente, el 89 % de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no cumple con los requisitos financieros mínimos exigidos por la Superintendencia Nacional de Salud, lo que representa un riesgo directo para la prestación del servicio a millones de colombianos.
De las 29 EPS que siguen operando en el país, solo seis cumplen con criterios como capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas. Estas, sin embargo, solo cubren al 10,9 % de los afiliados del sistema. La gran mayoría de los usuarios se encuentra bajo la administración de entidades financieramente inviables.
La situación se agrava con un pasivo acumulado que asciende a $32,9 billones, lo que refleja no solo un déficit estructural en el sistema, sino también problemas graves de flujo de recursos y deudas prolongadas con hospitales, clínicas, laboratorios y demás prestadores del servicio.
Aunque el Gobierno Nacional ha destinado cuantiosos recursos —más de $87 billones durante el último año por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC)—, el desequilibrio financiero persiste y sigue aumentando. La falta de liquidez ha afectado la calidad y oportunidad de la atención, con demoras en la entrega de medicamentos, cancelación de procedimientos y retrasos en los pagos al personal médico.
Ante este panorama, el Ministerio de Salud ha reiterado la necesidad de una reforma estructural del sistema, con el objetivo de rediseñar el modelo de aseguramiento, fortalecer la red pública hospitalaria y mejorar los mecanismos de control y auditoría. La propuesta gubernamental contempla la creación de una nueva institucionalidad que centralice la gestión de los recursos, lo que ha generado debate en distintos sectores políticos y gremiales.
La discusión sobre el futuro del sistema de salud continúa en el Congreso, mientras la ciudadanía sigue enfrentando las consecuencias de un modelo que, según los indicadores más recientes, ya no garantiza ni la estabilidad financiera ni el acceso pleno al derecho fundamental a la salud.
